- La entrada en vigencia de la Ley 20.998 permitió implementar un modelo público-comunitario en el que el Estado financia la infraestructura y las comunidades operan los sistemas, con el acompañamiento de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
Después de décadas de postergación bajo un modelo que los dirigentes califican como “tierra de nadie”, los comités de agua potable rural del Biobío viven un momento de importantes inversiones. Los $68.194 millones comprometidos entre 2023 y 2026 equivalen a la suma de los tres gobiernos anteriores.
Entre 2005 y enero de 2023, la asistencia técnica y diseño de proyectos estuvieron en manos de empresas sanitarias mediante convenio con el MOP.
“Los incentivos estaban ligados a un porcentaje de la inversión, por lo que los proyectos se desarrollaban donde era más rentable para la empresa, sin planificación estratégica con mirada regional”, aseguró Claudio Morales, director regional de la DOH.
Santiago Campos, consejero del Consejo Consultivo Regional de SSR y presidente del APR de Tomeco, recuerda con frustración el modelo anterior: “Estábamos como en una isla. La empresa sanitaria hacía una o dos mantenciones al año y una fiesta en Concepción. Era tierra de nadie”.
Modelo público-comunitario desde 2023
La promulgación de la Ley 20.998 en 2017, con implementación plena en 2023, estableció un modelo público-comunitario donde el Estado financia infraestructura mientras las comunidades organizadas en comités o cooperativas se encargan de la operación. Este cambio implicó aumentar el personal regional de 7 a 29 funcionarios.
Las cifras actuales son inéditas: los $68.194 millones proyectados duplican los $32.467 millones del período 2019-2022. Solo para 2026 hay recursos adjudicados por $25.270 millones, con proyectos ya licitados que garantizan continuidad independiente del ciclo político.
Esta inyección permitirá que, en 2023-2026, cerca de 3.840 nuevas familias accedan al agua potable mediante 12 sistemas nuevos, y 16.975 familias cuenten con agua segura en calidad por medio de 58 proyectos de mejoramiento y conservación.
Certificación de 280 operadores
El nuevo modelo no solo invierte en infraestructura. A través de un convenios se ha capacitado a 280 operadores y secretarios administrativos, lo que ha resultado en diplomas certificados en competencias técnicas y administrativas. Las capacitaciones incluyen matemática, computación, contabilidad para secretarias, y mantención de plantas para operadores.
“Antes era un gran evento anual, costoso y poco efectivo. Ahora tienen capacitaciones de verdad, de 9:00 a 17:00 horas, con desayuno y almuerzo”, dijo Santiago Campos, consejero del Consejo Consultivo Regional de SSR y presidente del APR de Tomeco.
Paralelamente se constituyó el Consejo Consultivo Regional con participación del 64% de los SSR habilitados, una de las más altas a nivel nacional. Este espacio, compuesto por siete dirigentes electos y nueve representantes de servicios públicos, define la política regional de asistencia.
Proyectos emblemáticos
“En cuatro años habremos invertido lo mismo que en los tres períodos anteriores sumados”, destaca el director Claudio Morales, quien ejemplifica con casos como el proyecto de ampliación del SSR de Charrúa en Cabrero, con inversión de $1.700 millones que triplicará su capacidad de almacenamiento y añadirá 196 nuevos arranques.
“Teníamos un estanque de 100.000 litros y ahora será de 300.000. Se cambiará todo el sistema de ramales que tiene más de 30 años. Es un proyecto muy ambicioso, con sala de máquinas nueva, oficinas y baños para los operarios”, afirma Julio Aillón, consejero del Consejo Consultivo Regional de SSR y presidente del APR de Charrúa.
Entre los 12 nuevos sistemas construidos destacan: Negrete (Vaquería-Arturo Prat-Santa Rosa), Nacimiento (Dollinco), Los Ángeles (Arrayan-Las Violetas, El Rosal-Villa Alegre y Las Camelias) y Cañete (Tucapel Alto). Adicionalmente, se ejecutaron 17 sondajes y 10 ampliaciones distribuidas en las tres provincias.
La cartera futura incluye 20 diseños para nuevos sistemas y 33 para conservación, lo que asegurará proyectos robustos para 2026-2028. El primer catastro histórico de infraestructura SSR, adjudicado por $936 millones en diciembre 2024, permitirá planificar inversiones futuras con información técnica precisa.
