Por: Héctor Mondaca, periodista especializado en comunicación de la gestión hídrica.
A pocos días de las elecciones presidenciales, Chile vuelve a enfrentar una paradoja: mientras el país se seca, el agua sigue sin ocupar un lugar central en el debate político.
No aparece en los foros televisivos, apenas se menciona en las entrevistas y, cuando surge en los programas de gobierno, lo hace como un tema técnico o secundario, nunca como una prioridad nacional.
La omisión no es menor. La gestión del agua —quién la administra, con qué criterios y para qué fines— está en el corazón de los desafíos que definirán el futuro de Chile: la seguridad alimentaria, la energía, la planificación urbana y la adaptación al cambio climático. Y, sin embargo, ninguna candidatura ha logrado articular una visión hídrica de Estado.
Los programas de gobierno exhiben un patrón transversal: el agua se sigue entendiendo como un insumo económico, no como un bien común. La mayoría de las propuestas se limita a mencionar obras de infraestructura —embalses, desaladoras o carreteras hídricas— como si el problema fuera solo de oferta, no de gestión ni de gobernanza.
Entre los principales candidatos, solo tres —Evelyn Matthei, Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls— presentan medidas concretas sobre seguridad hídrica.
Matthei propone un Plan de Emergencia Hídrica para garantizar el suministro de agua potable y desarrollar un Plan Nacional de Desalación y Embalses. Su enfoque es técnico y pragmático, aunque tensionado por su propuesta paralela de desregular los permisos ambientales.
Parisi incorpora una dimensión ecológica más amplia: restauración de cuencas y humedales, reúso de aguas grises y creación de una plataforma ciudadana de monitoreo hídrico. Pero su idea de carreteras hídricas intercuencas contradice la lógica de sustentabilidad que promueve.
Mayne-Nicholls plantea un plan integral contra la sequía que combina embalses, desalinización, reúso y fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, aunque sin detallar mecanismos ni financiamiento.
El resto de las candidaturas apenas menciona el tema, y cuando lo hace, lo reduce a la construcción de obras o al manejo de la sequía, sin una estrategia que conecte infraestructura, territorio y derechos.
Más allá de las diferencias, hay una tendencia inquietante: la desregulación ambiental se ha instalado como promesa electoral.
Bajo el argumento de “agilizar inversiones”, varios candidatos proponen reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reducir plazos o incluso eliminar instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente.
El mensaje es claro: mientras el país enfrenta la peor crisis hídrica de su historia, parte de la política ofrece menos control y más extracción.
Durante décadas, Chile gestionó el agua desde una perspectiva fragmentada, promoviendo la expansión productiva —minería, agricultura, energía— sin coordinación ni mirada de largo plazo. El resultado es conocido: sobreotorgamiento de derechos, conflictos territoriales y comunidades rurales que aún dependen de camiones aljibe para acceder al agua potable.
Cuando los programas presidenciales ignoran la crisis del agua, se debilita algo más que la política ambiental: se erosiona la capacidad de la ciudadanía para exigir transformaciones basadas en evidencia.
Hablar de agua no es hablar solo de sequía. Es hablar de poder, de justicia territorial y de futuro.
Quién decide sobre el agua, cómo se gestiona y con qué criterios se distribuye son preguntas que definen el modelo de desarrollo de un país. Y cuando la política evita plantearlas, el silencio se vuelve cómplice.
Chile necesita una conversación seria, sostenida y pública sobre su futuro hídrico. No una discusión técnica entre especialistas, sino un debate ciudadano que reconozca el agua como lo que realmente es: la base de toda posibilidad de desarrollo.
A días de una elección que definirá el rumbo político de los próximos cuatro años, el país vuelve a mirarse en un espejo incómodo: mientras el agua desaparece de los ríos y de los suelos, también se evapora del discurso político.
Y en esa omisión —más que en la sequía misma— radica la verdadera señal de alarma.
Esta columna fue desarrollada en base al documento elaborado por Fundación Chile Sustentable, sobre los programas de gobiernos de los candidatos y candidatas presidenciales. Descargarlo aquí.
