Por: Carlos Fredes García, gerente de Desarrollo de Negocios de Oneka Technologies
Chile enfrenta una paradoja que refleja la urgencia de modernizar su institucionalidad hídrica. Por un lado, la sequía prolongada amenaza la seguridad de comunidades, industrias y ecosistemas; por otro, el país dispone de una vasta frontera marítima que podría convertirse en fuente estratégica de agua mediante la desalinización. Sin embargo, este potencial se ve limitado por un vacío normativo que impide distinguir con claridad entre agua de mar y agua continental, generando incertidumbre jurídica y frenando inversiones que podrían diversificar la matriz hídrica nacional.
La actual exigencia de derechos de aprovechamiento cuando existe mezcla con aguas continentales, incluso si la mayor parte corresponde al mar, es un ejemplo de cómo la indefinición regulatoria se traduce en costos adicionales y en un desincentivo para la innovación. En un contexto donde la resiliencia hídrica es condición para el desarrollo sostenible, mantener esta ambigüedad equivale a hipotecar oportunidades de futuro.
La desalinización no debe ser vista únicamente como una solución de emergencia, sino como parte de una estrategia estructural. Países como Israel, España o Arabia Saudita han demostrado que, con marcos regulatorios claros y políticas de fomento, es posible transformar el agua de mar en un recurso confiable y competitivo. Chile, con más de 4.000 kilómetros de costa, no puede darse el lujo de quedar rezagado. La definición normativa inequívoca del origen del agua y la creación de protocolos estandarizados de certificación son pasos indispensables para otorgar certeza técnica y legal a los proyectos.
Además, un marco regulatorio moderno permitiría abrir el espectro de soluciones más allá de las grandes plantas industriales. La producción de agua desalada a menor escala, descentralizada y adaptada a comunidades locales, podría convertirse en un motor de equidad territorial y en un complemento a otras fuentes de abastecimiento. La innovación tecnológica, vinculada a la competitividad digital, encuentra aquí un terreno fértil para desplegarse, siempre que las reglas del juego sean claras y transparentes.
Superar este cuello de botella institucional no es solo un asunto técnico, sino también político y social. La legitimidad de las decisiones en torno al agua exige participación ciudadana, transparencia y visión de largo plazo. La desalinización, bien regulada, puede ser un puente entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, pero requiere voluntad de reformar las normas que hoy la encorsetan.
Chile necesita avanzar hacia una gobernanza hídrica que reconozca al agua de mar como un recurso estratégico. La sequía no espera, y cada año de indefinición normativa es un año perdido en la construcción de resiliencia. La oportunidad está frente a nosotros: transformar el océano en aliado, y la claridad regulatoria en motor de inversión y sostenibilidad.
