- La Ley de Presupuestos incorpora nuevas glosas para financiar sistemas de Agua Potable Rural y mantiene programas de apoyo a la producción de alimentos en hogares vulnerables, con impacto directo en territorios agrícolas.
La tramitación del Presupuesto 2026 entró en tierra derecha con la aprobación del Senado y el envío del proyecto a tercer trámite en la Cámara. En medio de los números macro, hay señales que hablan directamente al mundo rural y agroalimentario: más flexibilidad para financiar sistemas de Agua Potable Rural (APR), respaldo a programas de seguridad alimentaria y un énfasis explícito en comunas rurales dentro del reforzamiento de la atención primaria de salud. Ver más detalles aquí
Uno de los cambios más relevantes para el campo está en la sección de Gobiernos Regionales del documento de “Compromisos del Ejecutivo”. Allí se habilita que los GORE puedan financiar, mediante subsidios, la mantención y reparación de sistemas de Agua Potable Rural, servicios sanitarios rurales y sistemas de desalinización, vía resolución fundada.
En la práctica, esto abre una válvula de recursos para responder a emergencias hídricas y a la operación cotidiana de los APR, fundamentales para el abastecimiento de familias campesinas, crianceros y pequeños productores frutícolas.
Este giro se suma a una tendencia que ya venía instalándose en la discusión presupuestaria como son las glosas especiales, para que los gobiernos regionales apoyen a comités de APR frente a emergencias, como se vio en el caso de la Región de Los Ríos, donde consejeros regionales impulsaron un fondo específico para estos sistemas.
Para la agricultura, que depende de esa agua tanto para consumo humano como para parte de sus actividades productivas, la señal es que el tema hídrico rural empieza a ocupar un lugar más visible en el debate fiscal.
Seguridad alimentaria
En el plano de la seguridad alimentaria, el documento de compromisos del Ejecutivo explicita que se mantendrá durante 2026 la administración y coordinación del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (Autoconsumo) en la Subsecretaría de Servicios Sociales, traspasando solo la asistencia técnica a SENAMA y FOSIS.
Este programa acompaña a familias vulnerables para implementar tecnologías de producción, procesamiento y conservación de alimentos —huertos, invernaderos, crianza menor, elaboración básica—, lo que lo convierte en un puente directo entre política social y agricultura a pequeña escala.
Si bien el foco político del Presupuesto se ha concentrado en salud, vivienda y educación, la partida del Ministerio de Agricultura fue finalmente aprobada en ambas cámaras, sin el ruido que afectó a otros ministerios.
En paralelo, DIPRES trabaja la reformulación del programa de seguros silvoagropecuarios administrado por el Comité Agroseguros, que subsidia el copago de primas y pólizas catastróficas para agricultores y agricultoras, pieza clave para enfrentar eventos climáticos extremos en el sector.
En conjunto, la combinación de más herramientas para agua rural, continuidad de programas de autoconsumo y ajustes a los instrumentos de gestión de riesgo configura un Presupuesto 2026 que, sin ser “etiquetado” como agrícola, sí incorpora varios engranajes que tocan de lleno la vida y la resiliencia de la agricultura familiar campesina y de los territorios agroalimentarios más vulnerables del país.
