- La iniciativa legal incorpora nuevas funciones regulatorias para supervisar el desarrollo de fuentes no convencionales de agua, en el marco del avance de la desalación como componente de la política hídrica.
El proyecto de ley que regula el desarrollo de la desalación en Chile contempla la creación de una unidad especializada dentro de la Dirección General de Aguas (DGA), encargada de participar en la elaboración y seguimiento de la estrategia nacional asociada al uso de agua de mar. El hecho verificable es que el texto legislativo incorpora disposiciones que refuerzan el rol del Estado en la planificación y supervisión de esta fuente hídrica. La información proviene de análisis jurídicos del proyecto actualmente en tramitación.
Entre los aspectos considerados en la iniciativa se incluye la definición de procedimientos para el otorgamiento de concesiones marítimas necesarias para la instalación de plantas desalinizadoras, así como la coordinación institucional con otros organismos públicos vinculados a la gestión del borde costero y la evaluación ambiental de proyectos. Estos elementos buscan ordenar el desarrollo de infraestructura asociada al uso de agua de mar.
El proyecto también establece que la autoridad sectorial deberá emitir informes técnicos respecto de la compatibilidad de las iniciativas con la planificación hídrica nacional. Este componente institucional responde a la necesidad de integrar la desalación dentro de la gestión global del recurso, evitando conflictos con otros usos del territorio o impactos ambientales no evaluados adecuadamente.
Rol del Estado en la gobernanza de nuevas fuentes hídricas
La incorporación de nuevas funciones dentro de la DGA refleja la evolución del marco institucional frente al avance de fuentes no convencionales de agua. La desalación ha sido identificada en distintos instrumentos de planificación pública como una alternativa complementaria para reducir presión sobre cuencas continentales, particularmente en zonas con estrés hídrico estructural.
El fortalecimiento de capacidades técnicas en organismos públicos busca mejorar la trazabilidad de decisiones regulatorias y asegurar coherencia entre política pública, inversión en infraestructura y sostenibilidad ambiental. El impacto concreto de estas disposiciones dependerá de la aprobación final de la ley y de la dictación de reglamentos que definan los procedimientos específicos de implementación.
