Por Catalina Castro Amenábar, secretaria general de la Confederación de Canalistas de Chile (CONCA).
Cuando se habla de gestión del agua en Chile, el debate suele centrarse en la sequía, el cambio climático o la necesidad de nuevas fuentes. Pero en esa conversación suele pasar desapercibido un elemento clave: gran parte de la gestión cotidiana del recurso ocurre en las cuencas y está en manos de organizaciones de usuarios.
Desde las cuencas del país, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas administran día a día el reparto del recurso. Coordinan a miles de usuarios, operan infraestructura crítica y resuelven conflictos locales en torno al uso del agua. Su trabajo es silencioso, pero esencial.
Aunque muchas veces pasan desapercibidas en el debate público, estas organizaciones cumplen un rol fundamental para la seguridad hídrica del país. Su experiencia en la gestión territorial del recurso y su capacidad de coordinación entre distintos usuarios constituyen una pieza central de la gobernanza hídrica en Chile.
Hoy ese rol enfrenta nuevos desafíos. El cambio climático ha intensificado la variabilidad hídrica y ha obligado a adaptar las formas tradicionales de gestión del agua. A ello se suma un escenario regulatorio más exigente, que incorpora nuevas obligaciones administrativas, sistemas de monitoreo y procesos de actualización de registros.
Al mismo tiempo, la expansión urbana sobre zonas rurales y el aumento de parcelas de agrado están modificando el uso del suelo y generando nuevas presiones sobre los sistemas de distribución del recurso en diversas cuencas del país.
Avanzar hacia una gestión más moderna y transparente del agua es necesario. Pero ese proceso también requiere reconocer que muchas organizaciones de usuarios operan con herramientas limitadas y en territorios donde las condiciones técnicas y administrativas son complejas.
Por eso, fortalecer a las organizaciones de usuarios no es solo una necesidad de las actividades productivas. Es una condición fundamental para la seguridad hídrica del país.
Esto requiere apoyar su modernización, facilitar su adaptación a las nuevas exigencias normativas y reconocer su experiencia acumulada en la gestión cotidiana del recurso en las cuencas.
También implica avanzar hacia una relación más colaborativa entre el Estado y quienes administran el agua directamente en las cuencas. La sostenibilidad hídrica no se construye únicamente desde las políticas públicas o desde las obras de infraestructura. Requiere también gestión local, coordinación entre usuarios y el conocimiento práctico de quienes administran el recurso día a día.
En un país marcado por la diversidad de sus cuencas y por una creciente presión sobre el agua, las organizaciones de usuarios cumplen un rol estratégico que merece mayor reconocimiento. Porque en Chile el futuro del agua no pasa solo por nuevas fuentes ni grandes inversiones, sino también por fortalecer a quienes la gestionan silenciosamente desde las cuencas.
