Por: Felipe Martin Cuadrado, director ejecutivo Más Recursos Naturales
El aluvión registrado este 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, puso en evidencia la fuerza con que una lluvia intensa puede transformar el entorno urbano. Las imágenes de agua y barro arrastrando vehículos son una advertencia concreta: una temporada favorable para el abastecimiento también puede traer emergencias que debemos anticipar.
Celebrar la recuperación de embalses y caudales es comprensible. Suponer que esa mejoría resuelve nuestros problemas hídricos puede llevarnos a postergar decisiones que siguen siendo urgentes. Necesitamos gestionar tanto la disponibilidad de agua como los riesgos que acompañan su llegada.
La percepción de un año excepcionalmente lluvioso requiere perspectiva. Después de un período prolongado de sequía, una temporada más húmeda puede parecernos extraordinaria. Sin embargo, para evaluar su magnitud debemos precisar con qué período y territorio la comparamos. Los promedios recientes incorporan años deficitarios y, por sí solos, no bastan para concluir que hemos recuperado las condiciones históricas ni superado la vulnerabilidad hídrica.
Lo ocurrido en Las Condes refuerza la necesidad de observar cada cuenca y su relación con la ciudad. Debemos conocer por dónde escurre el agua, qué materiales puede arrastrar y qué viviendas, caminos o instalaciones quedan expuestos. La planificación territorial, la mantención de cauces y la capacidad de evacuación deben formar parte de una misma estrategia preventiva.
A ello se suma la evolución de la nieve acumulada en la cordillera. Un aumento de temperatura puede acelerar el deshielo; si coincide con lluvias en altura, puede provocar incrementos rápidos de caudal. Según las condiciones de cada cuenca, estos procesos pueden favorecer crecidas, inundaciones y remociones en masa durante la primavera y el verano.
No corresponde atribuir el episodio de Las Condes al deshielo sin una evaluación técnica. Sí corresponde tomarlo como una señal para revisar nuestra preparación frente a distintos escenarios. Importan la cantidad y distribución de la nieve, la intensidad de las lluvias, la condición de los suelos y la ubicación de comunidades e infraestructura. En sectores afectados por incendios forestales, la pérdida de cobertura vegetal agrega una vulnerabilidad que también debe incorporarse al análisis.
Esta preparación tiene consecuencias concretas. La apertura de parques y el acceso a sectores cordilleranos deben acompañarse de monitoreo, protocolos de cierre, rutas de evacuación e información comprensible para los visitantes. Municipios, operadores de infraestructura y organizaciones de usuarios de agua necesitan anticipar escenarios y coordinar sus respuestas.
Las plataformas de seguimiento hídrico pueden contribuir al integrar información sobre nieve, meteorología y caudales. Su valor está en apoyar decisiones oportunas: cuándo reforzar la vigilancia, revisar una captación, restringir un acceso o activar un plan de emergencia. Contar con datos sirve cuando existe capacidad para interpretarlos y actuar.
La otra tarea pendiente es aprovechar mejor las temporadas favorables. El almacenamiento y la regulación requieren planificación de largo plazo, combinando embalses, obras de menor escala, infiltración y recarga de acuíferos donde las condiciones lo permitan. Estas soluciones deben considerar las necesidades de abastecimiento y las funciones ambientales de los ríos. No toda el agua que llega al mar constituye una pérdida, pero sí debemos preguntarnos qué oportunidades de gestión dejamos pasar por falta de preparación.
Una temporada más húmeda nos da margen para actuar; no justifica bajar la guardia. La responsabilidad es doble: reducir los riesgos inmediatos y fortalecer la capacidad de enfrentar los próximos períodos secos. Lo ocurrido en Las Condes debe impulsar decisiones que perduren más allá de la emergencia.
