Por: José Manuel Bellalta, Gerente general GB Cinco Ambiental
El verano ha vuelto a poner en evidencia una realidad que muchos preferirían ignorar: los ecosistemas lacustres y los bordes costeros de Chile están en riesgo. Lo que a simple vista puede parecer un problema de calidad del agua es, en realidad, un síntoma de un deterioro más profundo que afecta la salud pública, la biodiversidad y la economía local ligada al turismo. Las altas temperaturas registradas este año no solo intensifican procesos naturales, sino que aceleran ciclos de contaminación que ya venían gestándose por años de presión antrópica y gestión insuficiente.
La degradación se manifiesta en dos frentes que conviene entender como partes de un mismo problema. En la columna hídrica de los lagos, la combinación de exceso de nutrientes y calor favorece la proliferación de microalgas y cianobacterias, con la consiguiente producción de cianotoxinas que obligan a activar protocolos de emergencia en playas y sectores recreativos. Al mismo tiempo, la disminución del oxígeno disuelto por efecto térmico moviliza nutrientes desde los sedimentos, alimentando un ciclo de eutrofización que en casos extremos ha provocado mortalidad de fauna y olores de descomposición que afectan la calidad de vida de las comunidades ribereñas.
En las playas y el borde costero, la situación no es menos grave. Los monitoreos han detectado coliformes y otros patógenos en sectores de uso público, lo que se traduce en riesgos sanitarios reales para veraneantes y residentes. A esto se suma la contaminación directa por descargas clandestinas y conexiones ilegales de aguas servidas, que ensucian la arena y degradan el hábitat. La acumulación de materia orgánica y sedimentos no solo deteriora la experiencia turística, sino que altera procesos ecológicos fundamentales en la franja ribereña.
Frente a este escenario, la respuesta no puede ser improvisada ni parcial. Es necesario combinar diagnóstico riguroso con medidas de prevención y remediación basadas en evidencia. Estudios de isotopía y trazadores permiten identificar el origen de los nutrientes; pozos de monitoreo y una gestión eficiente de aguas grises y descargas rurales son herramientas clave para detectar y contener la contaminación antes de que alcance zonas sensibles. Estas acciones deben complementarse con intervenciones técnicas probadas: oxigenación y movilidad hídrica para romper la estanqueidad que favorece a las algas, tecnologías de control sostenibles como boyas de ultrasonido, y estrategias de remediación de suelos y sedimentos que incluyan tanto tratamientos físico‑químicos como bioremediación y fitorremediación.
La recuperación exige además una mirada integral del territorio. No basta con limpiar puntos críticos; hay que fiscalizar construcciones en el borde lagunar, sancionar extracciones de agua no autorizadas y gestionar pasivos ambientales mediante el desmantelamiento y saneamiento de instalaciones obsoletas que lixivian contaminantes. En un contexto de crisis climática, estas medidas dejan de ser meras correcciones para convertirse en inversiones necesarias: invertir en remediación es invertir en salud pública, en resiliencia ecológica y en la sostenibilidad de economías locales que dependen de lagos y playas.
Si queremos legar a las próximas generaciones ecosistemas funcionales y comunidades seguras, debemos actuar con urgencia y con criterio técnico. La solución pasa por articular a autoridades, comunidades y sector privado en planes de monitoreo, prevención y remediación que sean sostenibles en el tiempo. No hay atajos: la protección de nuestros lagos y bordes costeros exige voluntad política, recursos y la aplicación de tecnologías y metodologías que ya están disponibles y han demostrado su eficacia cuando se implementan de manera coordinada.
