• Organizaciones de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío expresaron su preocupación ante propuestas legislativas que, lejos de fortalecer la gobernanza del agua, podrían poner en riesgo la eficiencia del sistema hídrico nacional.
Las Juntas de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, Primera Sección del Río Maipo, Cuenca del Biobío y Región del Maule enviaron una carta al presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Juan Castro, para alertar sobre los efectos negativos que podrían generar dos proyectos de ley actualmente en tramitación.
Las organizaciones —que representan el 62% de la superficie regada del país, el 61% de la potencia hidroeléctrica instalada y el 58% de la población abastecida con agua potable— advirtieron que las iniciativas podrían debilitar la estructura técnica y operativa de las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA).
Entre las medidas cuestionadas, los proyectos proponen integrar obligatoriamente a representantes de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en los directorios de las OUA, así como igualar el derecho a voto entre comuneros sin considerar la cantidad de derechos de agua que posean.
A juicio de las Juntas, estas modificaciones desnaturalizan el carácter técnico de las OUA y generan distorsiones en la toma de decisiones. “Incorporar actores sin titularidad de derechos y sin redefinir claramente sus funciones afecta directamente la eficiencia en la gestión hídrica de las cuencas”, señalaron en la misiva.
Además, alertaron que eliminar el principio de proporcionalidad en la votación —base legal y técnica del funcionamiento representativo de estas organizaciones— podría desincentivar inversiones, debilitar la gobernanza y comprometer la sostenibilidad financiera de las OUA. Estas instituciones, subrayan, operan sin fines de lucro y han demostrado su efectividad durante más de un siglo sin representar un gasto para el Estado.
Las Juntas hicieron hincapié en que cualquier reforma al sistema hídrico debe sustentarse en evidencia técnica y científica, además de responder a un diagnóstico integral del funcionamiento actual. “Los problemas que motivan estos proyectos legislativos, como los casos ocurridos en Monte Patria o Chillán, se deben a falencias estructurales que deben abordarse mediante políticas públicas adecuadas, no alterando la estructura interna de organizaciones que han contribuido de manera clave al abastecimiento de agua, energía y alimentos”, afirmaron.
Finalmente, reiteraron su voluntad de diálogo y colaboración en las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos, haciendo un llamado a respetar la esencia jurídica y operativa de las OUA, compuestas mayoritariamente por pequeños agricultores y fundamentales para la seguridad hídrica de las cuencas del país.
