Por: Carlos Fredes, gerente de Desarrollo de Negocios de Oneka Technologies
Mientras las familias chilenas se preparan para la comida de Año Nuevo, bajo las calles de nuestras ciudades ocurre una batalla invisible pero crítica. Los datos históricos confirman que el 31 de diciembre no es solo una fecha de celebración, sino una de las jornadas de mayor estrés operativo para nuestra infraestructura sanitaria. En Santiago, el consumo de agua potable se dispara hasta un 30% en comparación con un día normal, demandando cerca de 580 millones de litros adicionales. Sin embargo, este “peak” de consumo es solo el síntoma agudo de una enfermedad crónica: la vulnerabilidad de nuestra matriz hídrica ante la estacionalidad y el cambio climático.
El verano también expone la fragilidad de un sistema muy presionado. Al aumento del consumo por festividades se suma el factor térmico: cuando los termómetros superan los 30°C, la demanda se dispara otro 20% adicional debido al llenado de piscinas y el riego de jardines. La situación es aún más dramática en las regiones turísticas. En la zona costera de la Región de Valparaíso, la llegada masiva de la población flotante proyecta un alza del consumo de hasta un 37% para este Año Nuevo, obligando a los sistemas de producción a operar a plena capacidad. En el sur, el desafío no es solo la provisión, sino el colapso de las plantas de tratamiento de aguas servidas ante una carga turística para la cual no fueron diseñadas.
Frente a este escenario de estrés recurrente, donde la amenaza de racionamiento o bajas de presión se vuelve latente cada verano, la gestión hídrica sostenible no puede basarse únicamente en campañas de ahorro o en la esperanza de un invierno lluvioso. Necesitamos diversificar las fuentes, y es aquí donde Chile cuenta con una ventaja competitiva ineludible: la desalación.
La desalinización ya no es una tecnología del futuro, sino una realidad presente que ha desacoplado el crecimiento económico de la dependencia climática en el norte del país. Antofagasta se ha convertido en un referente continental, siendo la primera ciudad de América Latina en abastecerse en su totalidad con agua de mar tras la ampliación de la planta desaladora Norte. La minería ha marcado la pauta, aumentando su uso de agua de mar en un 423% en la última década, liberando así presión sobre las fuentes continentales.
El camino hacia la seguridad hídrica implica replicar y escalar este modelo para el consumo humano y agrícola en el resto del territorio. Proyectos como la futura planta desaladora multipropósito en Coquimbo, con una inversión de US$318 millones, son pasos en la dirección correcta para beneficiar a más de 500 mil personas y blindar a las ciudades frente a la sequía.
La infraestructura hídrica no debe solo resistir el “peak” del 31 de diciembre; debe garantizar el derecho humano al agua y saneamiento durante todo el año, independientemente de si enfrentamos una ola de calor o una sequía estructural. La desalación ofrece una fuente inagotable y estable que permite alivianar la sobrecarga de los embalses y napas subterráneas.
Para que esto funcione, debemos transitar desde la reacción ante la emergencia hacia una planificación estratégica de largo plazo. Esto implica agilizar la tramitación de proyectos —donde la ley sobre uso de agua de mar lleva años en el congreso— y fomentar la inversión en plantas multipropósito. Chile tiene el océano y la tecnología; solo nos falta la decisión de transformar nuestra vulnerabilidad estival en una resiliencia permanente.
