- Tres especialistas analizan las brechas de información, monitoreo y planificación que persisten en la provincia para enfrentar eventos hidrometeorológicos extremos.
Precipitaciones intensas, crecidas de ríos e inundaciones volvieron a marcar a la provincia de Biobío tras el paso de los sistemas frontales registrados durante agosto, en un escenario que, según especialistas, obliga a fortalecer la capacidad de anticipación frente a eventos extremos. Ante ello, Diario La Tribuna reunió las miradas de tres especialistas vinculados a la gestión territorial y de los recursos hídricos en la zona.
El asesor técnico de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío, Rafael Pérez, advierte que el territorio enfrenta la influencia de un “Súper Niño”, uno de los más cálidos de los últimos 150 años, cuya incidencia podría extenderse hasta marzo de 2027. El Dr. Octavio Rojas, investigador del Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción, apunta a sectores rurales y cordilleranos, donde la dispersión de la población y las menores capacidades de respuesta pueden transformar el aislamiento en un factor de riesgo. A ello se suma la necesidad de mayor monitoreo en terreno: Emilio de la Jara, CEO de Capta Hydro, plantea que la información en tiempo real sobre niveles de ríos y nieve permitiría ganar horas para tomar decisiones.
Tres miradas que coinciden en un punto: la prevención no puede comenzar cuando llega la lluvia ni terminar cuando deja de llover.
Ruralidad y dispersión, ejes de la vulnerabilidad en Biobío
Sobre la vulnerabilidad diferenciada de los territorios, el investigador del Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción, Dr. Octavio Rojas, plantea que exposición y vulnerabilidad no son lo mismo. “Una comuna puede estar muy expuesta a una amenaza y no necesariamente ser la más vulnerable”, explica, señalando que la vulnerabilidad depende de un conjunto de fragilidades —calidad de las viviendas, acceso a información, educación frente al riesgo, presencia de población vulnerable, conectividad y capacidades institucionales de los municipios— que determinan la capacidad real de un territorio para enfrentar una emergencia.
El investigador pone especial atención en las comunas de mayor ruralidad y menores capacidades técnicas y presupuestarias de la provincia, particularmente Alto Biobío, Santa Bárbara y Quilaco, además de sectores rurales de Mulchén, Negrete yNacimiento, extendiendo la mirada más allá del cauce principal del río Biobío hacia sus subcuencas y tributarios, “porque los problemas y los tiempos de respuesta son diferentes en cada territorio”.
Para Rojas, más que jerarquizar comunas, lo relevante es reconocer que no todas cuentan con las mismas capacidades de gestión del riesgo: “una comuna pequeña puede tener que administrar un territorio muy extenso, con numerosos sectores rurales y múltiples amenazas, pero disponer de pocos profesionales, escaso presupuesto y limitadas herramientas tecnológicas”. Por eso cobran valor los planes comunales de reducción del riesgo, aunque advierte que “un plan sin financiamiento difícilmente puede traducirse en reducción efectiva del riesgo”, lo que dificulta romper el ciclo de una gestión predominantemente reactiva.
Respecto del riesgo cordillerano —evidenciado en el aislamiento por nieve registrado en Alto Biobío—, Rojas sostiene que “en los territorios cordilleranos, el aislamiento es en sí mismo un componente del riesgo”, ya que una localidad puede perder su única vía de acceso y quedar días sin conectividad ni capacidad de respuesta. Por ello plantea mantener actualizado un catastro de puntos críticos —sectores susceptibles a remociones en masa, caminos interrumpidos, puentes vulnerables y zonas de acumulación de nieve—, con una planificación de corto, mediano y largo plazo “construida desde las particularidades del territorio y de sus comunidades”.
En cuanto a la coordinación institucional, el investigador sostiene que “el agua no reconoce límites comunales”, ya que una precipitación intensa en la alta cordillera puede generar efectos horas después en comunas aguas abajo. Plantea fortalecer la articulación entre la Dirección General de Aguas, la Dirección Meteorológica de Chile, Senapred, el Ministerio de Obras Públicas —particularmente Obras Hidráulicas y Vialidad—, el Gobierno Regional, las delegaciones y los municipios. Sobre el monitoreo, es enfático: “el desafío no es solamente tener más estaciones, sino lograr que esos datos sean interoperables, estén disponibles oportunamente y puedan transformarse rápidamente en información útil para la toma de decisiones”, enfatizando además la necesidad de reforzar el monitoreo en zonas cordilleranas, ya que lo que ocurre en la parte alta de la cuenca resulta clave para anticipar lo que sucede aguas abajo. A ello suma la necesidad de sistemas de alerta temprana automatizados y mejores cartografías de riesgo que permitan definir “dónde construimos y, especialmente, dónde no deberíamos seguir construyendo”.
Sobre la memoria institucional y comunitaria, el investigador recuerda lo ocurrido con las inundaciones de 2023, tras más de una década marcada por la megasequía, periodo en que nuevas generaciones sin experiencia del fenómeno llegaron a percibir como seguros sectores que siguen formando parte de la dinámica natural de los ríos.”La ausencia temporal de un desastre no significa que el riesgo haya desaparecido”, advierte, y plantea que tanto la memoria institucional —cartografías, registros de daños, puntos críticos y niveles alcanzados por el agua— como la comunitaria deben incorporarse a la planificación: “si después de cada desastre reconstruimos exactamente en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones y sin modificar las causas que generaron el riesgo, en realidad estamos reconstruyendo también el próximo desastre”.
Estero Quilque: falta información en tiempo real
El CEO de Capta Hydro, Emilio de la Jara, plantea que la brecha entre zonas urbanas y rurales comienza en la cantidad de información disponible: “en general, las zonas rurales y cordilleranas tienen menos puntos de monitoreo de los ríos y también menos información sobre cobertura de nieve y sobre lo que ocurre en esteros y ríos ubicados en sectores alejados de las ciudades”. Según de la Jara, las grandes ciudades cuentan con mayor planificación del drenaje urbano, aunque persisten desafíos incluso en zonas urbanas de la provincia, como lo ocurrido en Los Ángeles, donde “hemos visto episodios de desborde del estero Quilque” y donde todavía falta información en tiempo real que permita generar alertas más oportunas.
El especialista sostiene que las alertas meteorológicas, si bien fundamentales, tienen limitaciones de escala: “no es lo mismo que una determinada cantidad de lluvia caiga durante todo un día sobre un área extensa a que se concentre en una hora y en un sector particular de una cuenca”. Por ello plantea que persiste la necesidad de más mediciones en terreno, tanto de nieve acumulada como de niveles de agua superficial, ya que la información en línea sobre el nivel de un río “puede entregar algunas horas de anticipación para tomar decisiones y, si corresponde, evacuar oportunamente”.
Para un territorio como Alto Biobío, de la Jara distingue “dos niveles de reacción”. Antes del evento, los modelos meteorológicos permiten estimar cuánta precipitación podría caer y si será lluvia o nieve, mientras que los datos históricos permiten “identificar anticipadamente qué sectores podrían presentar mayores dificultades, dónde podría haber inundaciones o qué zonas podrían registrar acumulación de nieve”. Durante el evento, en tanto, “existen tecnologías para medir directamente en terreno tanto la acumulación de nieve como el nivel de los ríos en tiempo real”, lo que con horas o minutos de anticipación permite “seguir la evolución de la emergencia, alertar a la población cuando sea necesario y decidir dónde desplegar recursos”.
Sobre la brecha entre grandes ciudades y comunas rurales, de la Jara plantea que el monitoreo de nieve y ríos se realiza desde el sector público y privado, mencionando entre los actores presentes en la provincia a la Junta de Vigilancia del Río Biobío, organizaciones de canalistas, empresas hidroeléctricas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas. Sostiene que la brecha debe mirarse “desde el sistema en su conjunto”, ya que “lo que ocurre en la parte alta de una cuenca termina expresándose aguas abajo”, destacando que la Junta de Vigilancia del Río Biobío “han avanzado en la integración de distintos actores para conversar, coordinarse y planificar de manera conjunta”, aunque persiste como principal brecha pendiente contar con más puntos de monitoreo, especialmente aguas arriba de las ciudades, para “complementar la alerta meteorológica con datos obtenidos directamente en terreno y contar con algunas horas de anticipación para tomar decisiones”.
Súper Niño: el fenómeno más cálido en los últimos 150 años
El asesor técnico de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío (JVBB), Rafael Pérez, advierte que el escenario hidrológico de la cuenca sigue condicionado por un fenómeno climático de magnitud excepcional. “La tendencia que estamos viendo en este momento es que estamos frente a un Súper Niño, uno de los más cálidos de la historia en los últimos 150 años. El Niño se caracteriza por ser muy lluvioso y todavía tendremos la influencia de este fenómeno, posiblemente hasta marzo de 2027”, explica.
Según detalla Pérez, la capacidad de anticipación de la Junta se sustenta en un trabajo sistemático que se desarrolla desde hace tres años, apoyado en un boletín hidrológico que ha avanzado hacia procesos automatizados, lo que permite disponer de antecedentes en poco tiempo y con un alto nivel de confiabilidad. “Desde que parte la Junta, en 2022, todos los meses se realiza un boletín hidrológico. En diciembre, enero y febrero de este año, vislumbramos que se iba a presentar El Niño y, revisando la historia de la cuenca del río Biobío, esto nos dio luces de que sería un invierno lluvioso”, señala.
Esa anticipación se tradujo en información concreta antes de que se activaran las alertas oficiales frente al último sistema frontal de mayor intensidad. Pérez explica que “cuando se activa la primera alerta preventiva de Senapred, nosotros ya teníamos un primer reporte realizado 20 días antes. Ahí ya sabíamos que podían registrarse precipitaciones superiores a 80 milímetros en 24 horas”.
Este trabajo de monitoreo no se realiza de forma aislada. La Junta de Vigilancia mantiene seguimiento de las condiciones de la cuenca en coordinación con la Dirección General de Aguas (DGA) y con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), instancias que también disponen de información fundamental para comprender la evolución de los cauces y recursos hídricos y para articular las alertas frente a eventos extremos.
Un ejemplo concreto de esta coordinación es el trabajo desarrollado junto a ENEL y la central hidroeléctrica Ralco, orientado a amortiguar las crecidas y contribuir a una gestión más segura de los caudales. Esta articulación se sustenta en acuerdos operacionales formales: el más reciente, el Sexto Acuerdo Operacional para la Gestión de Derechos de Aguas de Generación del Embalse Ralco, firmado el 7 de octubre de 2025 y vigente hasta el 15 de mayo de 2026, establece compromisos concretos de cotas mínimas de embalse y caudales de entrega para asegurar el abastecimiento de todos los usos de agua en la cuenca del río Biobío durante la temporada 2025-2026.
El asesor técnico plantea además que las lluvias recientes reabren el debate sobre planificación territorial, advirtiendo sobre los riesgos de la pérdida de memoria frente a los ciclos hidrológicos. “Los estragos ocurren donde el río siempre ha crecido. Pero ha pasado que como en 16 años no ha llovido, nos da la sensación de que estamos en una zona segura. El agua siempre pasa por donde pasó y por ahí mismo lo volverá a hacer”, advierte.
En ese sentido, plantea que, si bien Chile ha desarrollado una importante cultura de prevención frente a los terremotos, los fenómenos hidrológicos requieren también una mayor comprensión por parte de la ciudadanía, especialmente considerando que los eventos extremos pueden abarcar territorios más amplios y concentrar grandes volúmenes de agua en periodos muy cortos.
Para Pérez, el principal desafío no es solo enfrentar la emergencia mientras ocurre, sino sostener la atención una vez que las lluvias cesan. “Va a pasar un periodo donde deja de llover y nos olvidamos de este ciclo”, advierte, insistiendo en que el momento de asumir responsabilidades, coordinarse y tomar decisiones es ahora.
