Por: Felipe Martin Cuadrado, director ejecutivo Más Recursos Naturales
Dos hechos recientes muestran que la gestión ambiental y la actividad productiva pueden avanzar en una misma dirección. La alianza entre Codelco y el Ministerio de Obras Públicas para reutilizar subproductos mineros e impulsar soluciones de agua desalada y reutilizada en infraestructura pública, junto a la actualización del Plan de Acción de Consumo y Producción Sustentables (PANCPS) 2026-2028, representan señales concretas de un cambio urgente: dejar de administrar los efluentes y residuos como un problema inevitable y comenzar a tratarlos como recursos hídricos y materiales estratégicos.
El acuerdo entre la empresa estatal y el MOP busca incorporar materiales como silicatos de hierro y escombros mineros en obras públicas, al tiempo que abre espacio para optimizar el uso del agua industrial. Su relevancia no radica únicamente en disminuir la disposición de residuos o aliviar la presión sobre los acuíferos. También demuestra que la economía circular y la eficiencia hídrica pueden operar a escala industrial, siempre que existan estándares técnicos, trazabilidad y coordinación institucional.
El PANCPS entrega un marco más amplio para extender esta lógica a distintas actividades productivas. Su propósito es acelerar el tránsito desde un modelo lineal —altamente demandante de agua y materias primas— hacia procesos que optimicen la recirculación hídrica, la energía y los materiales, reduciendo las descargas y articulando compromisos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Ley REP. El desafío central será convertir esta hoja de ruta en decisiones verificables, incentivos adecuados para la reutilización de aguas residuales y proyectos capaces de sostenerse en el tiempo.
Este giro exige cambiar también la forma de comprender la gestión ambiental. En un país fuertemente impactado por la escasez hídrica y la variabilidad climática, no basta con responder cuando el impacto en las cuencas ya ocurrió ni con limitarse al cumplimiento regulatorio. La protección del agua y la prevención deben incorporarse desde el diseño de los proyectos, mediante diagnósticos integrales que evalúen los balances hídricos, los suelos, los ecosistemas y las actividades productivas. Una evaluación fragmentada del recurso hídrico suele ocultar riesgos severos que derivan en conflictos socioambientales, mayores costos operacionales o parálisis de proyectos.
Herramientas avanzadas como la modelación hídrica, la teledetección y las líneas de base hidrogeológicas permiten identificar tempranamente esas vulnerabilidades. Son especialmente relevantes frente a pasivos hídricos y suelos contaminados, donde la infiltración de metales pesados o hidrocarburos compromete la calidad de los acuíferos y la seguridad de las comunidades. Evaluar y prevenir antes no encarece los proyectos: reduce la incertidumbre hídrica y facilita decisiones más sostenibles.
En este contexto, la economía circular debe entenderse como una verdadera infraestructura hidráulica preventiva. El tratamiento avanzado y el reúso de aguas servidas e industriales permiten reservar las fuentes de agua dulce de mejor calidad para el consumo humano y usos ecosistémicos prioritarios. A esto se suma la biorremediación de suelos para proteger los cursos de agua y la valorización de subproductos para evitar la contaminación de cuencas. Estas soluciones requieren certezas normativas, evidencia técnica y incentivos que reconozcan el verdadero valor del agua recuperada.
Chile tiene la oportunidad de pasar de experiencias aisladas a una política hídrica y productiva coherente. Valorizar pasivos y recircular el agua no significa relativizar los impactos ambientales, sino asumir que la sostenibilidad y la seguridad hídrica dependen de diseñar procesos capaces de evitar el derroche, recuperar recursos y anticipar las crisis. El verdadero avance comenzará cuando la circularidad del agua deje de ser un enunciado deseable y se convierta en una práctica habitual para invertir, producir y construir.
