Por: Ricardo Salazar-González. Profesor Asociado en Universidad Católica de Chile
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo. Cada vez que un antibiótico pierde eficacia, el daño no lo sufre solo el paciente que padece la infección resistente, sino también la comunidad y, en última instancia, la sociedad completa. El costo se multiplica si se consideran camas ocupadas por más tiempo en hospitales, tratamientos más caros, muertes y una presión creciente sobre sistemas de salud.
En Chile, un estudio reciente mostró que los pacientes con infecciones resistentes tienen un 35% más de riesgo de morir, además de estadías hospitalarias más prolongadas y mayores ingresos a unidades críticas. El exceso de gasto asociado se estimó en más de 12 mil dólares por paciente (casi 12 millones de pesos), lo que implica cerca de 9,6 millones de dólares anuales (más de 9 mil millones de pesos).
Y este es solo el costo sanitario directo. La cuenta es mucho más alta cuando se suman las pérdidas de productividad laboral y las muertes prematuras. El problema de la RAM es en todo el mundo y crece de manera exponencial. El Banco Mundial estima que, de aquí a 2030, la resistencia antimicrobiana podría costar entre 1,2% y 4,1% del PIB mundial solo por la reducción de la fuerza laboral. En Europa, se proyectan 1800 millones de euros al año en costos atribuibles a la RAM. Incluso países con baja prevalencia histórica, como Suecia, proyectan aumentos del 50% en los costos hacia 2050.
La resistencia antimicrobiana no se gesta únicamente en hospitales o en la producción animal intensiva, también se alimenta silenciosamente en el ambiente. Nuestros ríos, lagos y zonas costeras se han transformado en verdaderos reservorios de antibióticos, bacterias y genes de resistencia. Sabemos que están, pero no sabemos cuáles ni en qué cantidad. Chile no posee un sistema de monitoreo ambiental de antimicrobianos. Por eso, integrar el análisis de aguas residuales y ecosistemas acuáticos en la estrategia nacional contra la RAM es una urgencia.
La vigilancia ambiental permitiría detectar tendencias de consumo comunitario de antimicrobianos, identificar “zonas calientes” de riesgo y diseñar medidas regulatorias tempranas, evitando así que la resistencia siga expandiéndose y aumentando sus costos.
Chile cuenta con un Plan Nacional contra la RAM que debe concluir este año, pero aún tiene una brecha crítica: carece de un sistema estructurado de monitoreo ambiental. Avanzar en esa dirección no es un gasto, sino una inversión que permitirá ahorrar enormes costos futuros en salud, productividad y vidas humanas.
La RAM es, en esencia, un problema de previsión. O actuamos ahora, integrando la vigilancia ambiental en nuestra estrategia nacional, o asumimos mañana un costo económico y humano mucho mayor. Según datos del Ministerio de Salud, en 2024 el consumo de antimicrobianos en humanos alcanzó más de 15 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes. En el ámbito veterinario, el SAG reporta que su uso está estrictamente regulado, pero sigue siendo significativo en la producción animal.
Una vaca lechera, por ejemplo, puede recibir entre 5 y 10 tratamientos de antibióticos en un año por infecciones como la mastitis, y en la avicultura intensiva se estima que un pollo de engorde puede estar expuesto a 200 o 300 miligramos de antibióticos en su ciclo productivo. Y en acuicultura, Sernapesca informó que en 2024 se utilizaron 351 toneladas de antimicrobianos, casi un 9% más que el año anterior. Gran parte de estos compuestos, tanto de origen humano como animal, terminan llegando al agua.
En la resistencia antimicrobiana, mirar hacia el agua no es opcional, es la clave para proteger nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro. Chile tiene hoy la oportunidad de liderar en América Latina integrando la vigilancia ambiental en su estrategia contra la RAM.
