Por: Pablo T. Silva Jordán, especialista en Recursos Hídricos
La instalación de la primera piedra del Embalse Zapallar, con la presencia del Presidente Gabriel Boric, no es un acto protocolar más; es un punto de inflexión para la Región de Ñuble y para la política hídrica del país. Tras el rechazo unánime a las solicitudes de invalidación de su Resolución de Calificación Ambiental, Zapallar retoma su curso con respaldo técnico. Ese avance debe leerse como una oportunidad para pasar de la improvisación a la planificación estratégica, de la incertidumbre a la certeza territorial.
La agricultura chilena ya no puede depender del azar. La menor acumulación de nieve en la cordillera y un calendario agrícola desfasado obligan a replantear cómo gestionamos el agua. La seguridad hídrica no es una cuestión técnica aislada: es la base sobre la que se sostienen empleos, comunidades rurales y la soberanía alimentaria. Sin infraestructura moderna, canales actualizados y sistemas de gestión inteligentes, Ñuble y otras regiones quedan expuestas a tres riesgos que hoy son reales y urgentes: gobernanza agotada, permisología paralizante y incertidumbre jurídica. Chile tiene US$ 12.000 millones en inversiones detenidas por trabas administrativas; esa cifra no es un dato abstracto, es inversión que podría traducirse en resiliencia frente al cambio climático.
No basta con construir obras si las reglas que las gobiernan siguen ancladas en el pasado. Las Organizaciones de Usuarios de Aguas hacen un esfuerzo cotidiano, pero operan con normas pensadas hace medio siglo. La permisología actual asfixia iniciativas y la amenaza constante de judicialización paraliza decisiones. Si queremos proyectos que respondan a escenarios extremos, necesitamos un marco que combine rigor ambiental con plazos procesales concretos. Proponer que los proyectos paralizados se resuelvan en 45 días no es una ocurrencia administrativa; es una exigencia para devolver predictibilidad a la inversión y seguridad a las comunidades.
El Embalse Zapallar puede ser más que una obra: puede ser un modelo de gestión. Sus beneficios proyectados son claros: asegurar el riego de 10.000 hectáreas y beneficiar a más de 2.500 pequeños agricultores; reforestar 823 hectáreas de bosque nativo; contribuir al control de incendios y al abastecimiento de agua potable. Si se diseña e implementa con criterios de sostenibilidad real, Zapallar demostrará que la infraestructura puede convivir con el entorno y potenciarlo. La clave está en integrar tecnología, planificación territorial y participación local para que el embalse no sea solo un reservorio, sino un activo de desarrollo.
El avance de Zapallar tras el rechazo a la invalidación administrativa es una buena noticia, pero no resuelve el problema estructural. Chile necesita un marco que imponga exigencias ambientales claras y, al mismo tiempo, evite bloqueos indefinidos que convierten cada proyecto en una apuesta. No podemos permitir que la búsqueda de mejoras infinitas paralice lo esencial: proteger a las comunidades frente al cambio climático y garantizar la productividad del país. Si logramos combinar eficiencia territorial, rigurosidad ambiental y certeza jurídica, el agua dejará de ser una variable incierta y pasará a ser un activo gestionado con visión de largo plazo. Ese cambio no solo beneficiará a Ñuble; será una condición necesaria para que el crecimiento sostenido de Chile deje de ser una aspiración y se convierta en realidad.
